Repsol puede comenzar a realizar sondeos exploratorios en Canarias con el objetivo de buscar hidrocarburos. El Ministerio de Industria autoriza así a la compañía a que comience las maniobras que podrán desarrollarse durante los próximos tres años.
En cuanto a los sondeos, Industria permite que sean hasta tres las ocasiones en que Repsol realice dichos rastreos en aguas del océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Eso sí, con unos gastos de 60 millones de euros en concepto de seguro civil y riesgos ambientales, que se contabilizan en 40 y 20 millones de euros, respectivamente.
Así se declara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles 13 de agosto, en una de la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a Repsol Investigaciones Petrolíferas SA la ejecución de “dos sondeos, más uno contingente a los resultados de los dos primeros”. La compañía deberá remitir en un plazo máximo de 6 meses a la realización de cada operación todos los informes sobre el mismo.
Curiosamente, según el propio BOE “Sandia-1X” y “Chirimoya-1X” serán los dos primeros sondeos que se llevarán a cabo a una distancia mínima de la costa de 55,5 kilómetros la primera, 50 kilómetros la segunda, y a una profundidad de 3.170 metros y 3.000 metros, estando previsto el tercer sondeo “Zanahoria-1” también a 55,5 kilómetros de distancia de las costas, pero a una profundidad muy superior de 6.900 metros.
Para comenzar a trabajar, Repsol también tendrá que instalar tanto en Lanzarote como en Fuerteventura un sistema de monitorización de la sismicidad, que permita captar cualquier sismo que pueda ser producido a causa de las perforaciones, que tanga un radio de referencia con respecto a la situación del epicentro a 20 kilómetros. Además, se establece que se pararán las perforaciones en el caso de que se registre sismicidad natural de magnitud superior 4,5 grados en la escala de Richter con un epicentro en un radio de 75 kilómetros, o en el que caso de que se amenace de daño a las personas, a bienes o al medioambiente.
Queda así puesta en marcha la autorización aprobada en marzo de 2012 por el Consejo de Ministros para que Repsol comience unas prospecciones que han sido llevadas hasta el Tribunal Supremo por diferentes organizaciones ecologistas, y fuertemente rechazadas por el Gobierno canario, y por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura.
